25-05-25.-El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denuncia escalada represiva: No hay respeto por las garantías constitucionales

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denuncia una escalada represiva por parte del gobierno de Nicolás Maduro, así como detenciones arbitrarias de dirigentes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, además de condiciones inhumanas en prisión que han causado la muerte de varios detenidos.

El PCV critica la persecución de opositores y sindicalistas bajo acusaciones sin pruebas de conspiración terrorista. También señala violaciones a derechos constitucionales como el debido proceso y la libertad personal. Finalmente, el comunicado llama a la unidad de acción para la defensa de la Constitución y la aprobación de una Ley de Amnistía.

A continuación el comunicado:

El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) denuncia ante el país y el mundo, que la administración de Nicolás Maduro continúa y agudiza la escalada represiva iniciada los días 29 y 30 de julio del año pasado, cuando la falta de transparencia de las elecciones presidenciales generó fuertes protestas populares en distintas zonas del país, con el saldo de más de 2 mil detenidos y varias decenas de muertos, en su mayoría jóvenes de barriadas populares, muchos de los cuales ni siquiera participaron en las protestas. Además, las condiciones carcelarias, los tratos indignos y la falta de atención médica apropiada, han provocado el fallecimiento de cinco privados de libertad y de otras dos personas excarceladas con graves padecimientos de salud.

Ante la proximidad de las elecciones parlamentarias y regionales, la cúpula gubernamental ha desplegado una cacería policial contra dirigentes políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes gremiales y sociales de diferentes orientaciones ideopolíticas, justificando las detenciones ilegales, allanamientos, hostigamientos y cercos represivos, en una supuesta “conspiración terrorista para boicotear las elecciones”, sin elementos convincentes contra los detenidos, perseguidos y hostigados.

Desde el PCV llamamos particularmente la atención acerca de las detenciones injustificadas y sin respeto al debido proceso, con períodos de desaparición forzada y de prolongada incomunicación del excandidato presidencial e integrante del Frente Democrático Popular, Enrique Márquez, preso e incomunicado desde el 7 de enero, así como del defensor de derechos humanos, abogado Eduardo Torres, también preso e incomunicado desde el pasado 9 de mayo. Además de los abusivos actos de hostigamiento policial en contra de la abogada María Alejandra Díaz y su familia; y contra el dirigente político Juan Barreto, cuya vivienda permanece día y noche vigilada por funcionarios de órganos represivos del Estado que portan armas largas, en una especie de casa por cárcel de facto, sin orden judicial alguna.

Claramente, las numerosas detenciones y el despliegue agresivo de cuerpos policiales y grupos parapoliciales, tienen la finalidad de producir intimidación colectiva y de inhibir toda iniciativa de organización y movilización que reivindique derechos sociales y políticos.

El gobierno presidido por Nicolás Maduro ─de cuestionable legalidad y legitimidad por no haberse concluido en su totalidad el proceso electoral del 28 de julio─ se caracteriza por el autoritarismo, el abuso de poder y por las restricciones a las libertades democráticas que comete impunemente; especialmente desde el momento en que inició ─en agosto de 2018─ la aplicación sistemática de un ajuste neoliberal para favorecer a la burguesía, descargando el peso de la crisis y de las ilegales sanciones imperialistas sobre el pueblo trabajador, particularmente con la destrucción del salario, el desmontaje de las convenciones colectivas y la persecución contra la actividad sindical; con líderes sindicales presos y procesados judicialmente en represalia por exigir respeto a los derechos laborales, como en el caso del sindicalista Daniel Romero (de la Siderúrgica del Orinoco), privado de libertad desde mediados de 2023.

Alertamos que actualmente en Venezuela, todas las detenciones y hechos de hostigamiento policial contra personas que se oponen o critican a la cúpula del PSUV, se realizan al margen de las siguientes garantías establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: la inviolabilidad de la libertad personal (Artículo 44); la prohibición de la desaparición forzada de personas (Artículo 45); la prohibición de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (Artículo 46); prohibición del allanamiento del hogar doméstico, sin orden judicial (Artículo 47); sobre el debido proceso (Artículo 49), particularmente lo referido al derecho la defensa y asistencia jurídica, a la presunción de la inocencia, a que nadie sea obligado a declararse culpable; del derecho al libre transito (Articulo 50); sobre la libertad de expresión (artículo 57); entre otras garantías civiles establecidas en la Carta magna.

La acometida represiva y las detenciones ilegales que realiza la administración de Maduro, sin respeto al debido proceso y con violaciones a los derechos humanos, no son diferentes a las violaciones que cometen los gobiernos de Trump y de Bukele contra los jóvenes migrantes venezolanos.

Una vez más exigimos el cese de la represión y de la criminalización de la lucha política, sindical y social; que se otorgue libertad plena a todos los que permanecen injustamente privados de libertad y que sea restituido el respeto a las garantías constitucionales. En consecuencia, llamamos al pueblo venezolano, a las organizaciones sociales y políticas populares, revolucionarias y auténticamente democráticas, a trabajar por la construcción de un espacio de articulación y unidad de acción en defensa de la Constitución, en lucha por la inmediata aprobación de una Ley de Amnistía y por el pleno restablecimiento del Estado de Derecho.

¡Unidad de acción por la vigencia de la Constitución!

Buró Político del Comité Central del PCV