La compleja realidad económica venezolana presenta una paradoja aparente: a pesar de una relación que se percibe como una alianza entre el Estado y los grandes empresarios, los salarios de los trabajadores se mantienen en niveles extremadamente bajos. Esta situación multifacética responde a una intrincada red de factores económicos, políticos y sociales, donde los intereses de los actores principales a menudo coliden con el bienestar de la fuerza laboral.

Diversas fuentes y análisis apuntan a que la debilidad salarial en Venezuela no es un simple efecto colateral de la crisis, sino el resultado de decisiones y dinámicas específicas en el contexto de una economía rentista colapsada y en proceso de dolarización informal.

¿Por qué no aumenta el salario a pesar de la alianza Estado-Empresariado?

La principal razón detrás de la incapacidad o falta de voluntad para aumentar significativamente los salarios, a pesar de la aparente cercanía entre el gobierno y ciertos sectores empresariales, radica en la severa crisis económica que atraviesa el país. La hiperinflación pasada y la alta inflación actual han pulverizado el poder adquisitivo de los salarios. Aunque el gobierno ha implementado un esquema de bonificaciones para complementar el ingreso mínimo, estas no tienen impacto en los beneficios laborales ni en las tablas salariales, y su valor real se erosiona rápidamente.

Desde la perspectiva estatal, un aumento generalizado del salario mínimo indexado formalmente implicaría una presión fiscal considerable, especialmente sobre la ya precaria situación financiera de las empresas públicas y la administración pública en general. La caída drástica de los ingresos petroleros, si bien PDVSA sigue siendo una fuente crucial de divisas, ha limitado drásticamente la capacidad del Estado para asumir mayores costos laborales. La preferencia por bonos es una estrategia para gestionar el gasto público y evitar un impacto inflacionario mayor derivado de un aumento masivo de la masa salarial formal.

Por su parte, el sector privado, aunque en algunos casos ha logrado adaptarse y opera en un entorno de dolarización parcial, argumenta que un aumento salarial formal y significativo, con todas las implicaciones en costos laborales (incluyendo prestaciones sociales), haría inviable la operación de muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas. La carga impositiva y parafiscal existente, sumada a la inestabilidad del marco legal y económico, son factores que los empresarios señalan como riesgos para asumir mayores compromisos salariales fijos.

Existe, además, una dinámica en la que la recuperación económica, incipiente y desigual, se basa en gran medida en la contención de los costos laborales para mantener la competitividad en un mercado de bajo consumo interno. En este contexto, la "alianza" entre el Estado y algunos empresarios podría interpretarse más como una coexistencia pragmática en la que ambos actores buscan preservar sus espacios y minimizar riesgos en un entorno hostil, lo que no redunda necesariamente en un acuerdo para mejorar sustancialmente las condiciones salariales de los trabajadores en general.

¿Por qué los empresarios promueven el fin de las prestaciones sociales y cambiar el sistema de remuneraciones?

Las asociaciones empresariales en Venezuela, como Fedecámaras, han manifestado abiertamente la necesidad de revisar el esquema de remuneraciones y las leyes laborales, argumentando que el sistema actual de prestaciones sociales, concebido en un contexto económico diferente, representa una pesada carga financiera para las empresas, especialmente en un entorno de alta inflación y devaluación.

La legislación laboral venezolana contempla el cálculo de las prestaciones sociales basadas en el último salario, lo que, en una economía con alta inflación, puede generar pasivos laborales exponenciales e impredecibles para las empresas. Esto actúa como un desincentivo para la contratación formal y para el aumento de salarios base. Los empresarios buscan un sistema de remuneración más flexible y predecible, que les permita ajustar los costos laborales a la realidad económica y operativa de sus negocios. Las propuestas a menudo se centran en esquemas donde una parte mayor de la remuneración sea a través de bonos o pagos no salariales, reduciendo el impacto en el cálculo de las prestaciones y otras cargas laborales asociadas al salario formal.

Eliminar o modificar sustancialmente las prestaciones sociales es visto por algunos empresarios como una medida necesaria para reducir la incertidumbre y los costos, facilitando la gestión del talento humano y, supuestamente, incentivando la creación de empleo formal. Sin embargo, los sindicatos y trabajadores alertan que esto significaría un grave retroceso en los derechos laborales adquiridos y dejaría a los trabajadores en una situación de mayor vulnerabilidad económica y social.

¿Por qué el Estado no ajusta su gasto público, reduce su tamaño o monetiza recursos naturales en favor de aumentar las prestaciones sociales y salarios?

Aunque existen argumentos sobre la necesidad de un Estado más eficiente y una racionalización del gasto público, la realidad política y social en Venezuela hace que una reducción drástica del tamaño del Estado sea compleja. El empleo público ha sido históricamente una fuente importante de sustentación social y política. Una reducción significativa implicaría costos sociales y políticos importantes para el gobierno.

Además, a pesar de la crisis, el Estado mantiene responsabilidades en áreas clave como salud, educación y programas sociales, aunque su efectividad y alcance se han visto mermados. Reducir drásticamente el gasto en estas áreas podría alterar la cohesión social y aumentar el descontento.

En cuanto a PDVSA, si bien es la principal fuente de ingresos en divisas, su producción y gestión se han visto afectadas por años de baja inversión, ineficiencia, corrupción y sanciones internacionales. Aunque genera ingresos importantes, estos son a menudo insuficientes para cubrir tanto el gasto operativo de la propia industria como para financiar un gasto público robusto que permita aumentos salariales generales y significativos, así como la mejora de las prestaciones sociales para todos los trabajadores, tanto públicos como privados.

La prioridad del gobierno parece estar en mantener un equilibrio precario, utilizando los ingresos disponibles para sostener un nivel mínimo de funcionamiento estatal y programas sociales selectivos y proselitismo político, sin generar un shock inflacionario mayor con aumentos salariales indexados.

¿Existe una redistribución de ingresos entre Estado y empresarios a expensas de la remuneración de los trabajadores?

La dinámica económica venezolana actual sugiere que, si bien no hay necesariamente un acuerdo explícito y formal para perjudicar a los trabajadores, el resultado de las políticas implementadas y las circunstancias económicas genera una redistribución de facto que parece favorecer la subsistencia del Estado y la rentabilidad (o supervivencia) de ciertos sectores empresariales a expensas del poder adquisitivo y los beneficios de los trabajadores.

La política de no aumentar el salario mínimo formalmente y basarse en bonificaciones libera a los empleadores (públicos y privados) de una carga significativa en términos de costos laborales asociados a prestaciones sociales y otros beneficios derivados del salario base. Al mismo tiempo, el Estado ha buscado flexibilizar algunas regulaciones y ofrecer incentivos o tratamientos preferenciales a ciertos sectores privados para promover la inversión y la actividad económica en un entorno restrictivo (aunque la magnitud y el impacto de estas medidas son sensibles de debate y no necesariamente implican una reducción generalizada de impuestos no petroleros a cambio de aumentos salariales).

La creación de cargas fiscales que afectan tanto a individuos como a empresas, sumado a la alta inflación que actúa como un impuesto regresivo sobre los ingresos fijos, contribuye a una situación en la que la capacidad de consumo y ahorro de los trabajadores se ve mermada, mientras que el Estado busca nuevas fuentes de financiamiento y algunos sectores empresariales logran mantener cierta actividad y ganancias en el nuevo contexto económico.

En resumen, la situación salarial en Venezuela es el reflejo de un equilibrio precario en una economía en crisis. La alianza o coexistencia entre el Estado y los empresarios, más allá de un acuerdo para beneficiar a los trabajadores, parece orientarse a la gestión de la crisis y la supervivencia en un entorno adverso.

Las bajas remuneraciones y la discusión sobre la modificación de las prestaciones sociales son manifestaciones de esta dinámica, donde los ajustes macroeconómicos y las estrategias de supervivencia empresarial tienen un costo directo sobre la calidad de vida y los derechos laborales de los trabajadores venezolanos.