Es inaudito pensar que al final de sus años, dos personas que sólo han cometido el delito de servir a su patria, a su país, vayan deambulando de un lado a otro de las instancias del Estado venezolano, en busca de protección, puesto que seres inescrupulosos, de esos que ahora abundan en el país, formados en el mundo de las redes sociales, lleno de mediocridad y vacíos de razonamiento, pretendan que dos ancianos, quienes siempre han cumplido con la ley y el servicio público, vayan a morir bajo un puente, porque la vivienda que habitan, ahora se las quieren quitar.
Y es inaudito también, que 25 años después, la burocracia del país sea igual de ineficiente, y la corrupción impida que se produzca un ejercicio de justicia, que corresponde a todos los venezolanos. Eso me recuerda los discursos de Hugo, para quien no había nada más importante que el pueblo venezolano. Es por eso que, no me queda más remedio que recurrir a Tarek, el poema, el que siempre lucho en defensa de los derechos humanos, para que, a pesar de su muy ocupada agenda, incluya el caso de estos amigos, por quienes siento una admiración especial.
Eduardo José Carrasco Plaza, es pensionado del IVSS, y Evony Nayanduth Carrasco Navarro, es una maestra activa en dos turnos, quienes habitan desde hace más de dos décadas un inmueble en La Pradera, San Joaquín, estado Carabobo. Son arrendatarios legítimos con contrato firmado en 2003 con FC INMOBILIARIA C.A., representada entonces por Fanny Cadavid De Tinez.
Su contrato, firmado con FC INMOBILIARIA C.A. en 2003, nunca fue objetado. La empresa recibió pagos de canon incluso después de vender la propiedad —dos veces— sin notificar a los arrendatarios, en violación flagrante de la Ley de Arrendamientos.
Aunque registrada formalmente, FC INMOBILIARIA C.A. ha actuado como una especie de "caja negra" jurídica. No solo fue intermediaria en la firma del contrato de arrendamiento en 2003, sino que, incluso luego de que la propiedad fue vendida en 2005 y 2010 sin notificación a los arrendatarios, siguió recibiendo pagos de canon mensual.
Ahora bien, la Carta Magna garantiza el derecho a la familia, a la vivienda y a la dignidad humana, con una ley avanzada que declara irrenunciabilidad de los derechos de los arrendados. Pero se cocina a fuego lento una olla putrefacta de injusticia, pues lo que comenzó como una relación de arrendamiento en el año 2003, ha terminado convertida en un caso penal por "invasión", utilizando tácticamente el sistema de justicia como arma para despojar de su hogar a una familia trabajadora. Es decir, que como una educadora y su padre pensionado enfrentan la criminalización y el despojo tras 22 años de arrendamiento legal, con la complicidad de una mafia inmobiliaria y funcionarios públicos, la embestida ha sido mayor.
Cabe destacar, que los arrendatarios jamás fueron informados del cambio de titularidad. Así de simple. Así de ilegal.
Hoy, esta misma empresa reaparece a través de "representantes" como Marilyn Rivero, quien ha desplegado una campaña de hostigamiento: amenazas verbales, imposición unilateral de cánones, presión psicológica y un desprecio evidente por la clase trabajadora. Todo esto con la fachada de una tarjeta de presentación de "Asistente Administrativo de FC INMOBILIARIA C.A.", sin una carta de trabajo, sin un poder y bajo la mirada cómplice —o indiferente— del sistema judicial.
En uno de sus excesos más graves, llegó a decirle a Maivia Navarro, madre de la maestra Evony, una señora de 66 años, en presencia de esta: "Si me da la gana los saco con la policía y con los colectivos". La señora Maivia, serena pero firme, respondió: "En el piso de abajo vive un miembro de Tupamaro; no creo que haga eso que usted dice".
De defensora a verdugo
Definitivamente la interconchupancia da para todo; y al relato garciamarquiano, se le unió la Defensora Pública Primera en materia arrendaticia y de vivienda, Nancy Hernández, quien, lejos de garantizar derechos, se ha convertido en una aliada activa del despojo.
El pasado 13 de marzo, Marilyn Rivero acudió junto a Eunice Mercedes Pérez Almeida, quien alega ser la propietaria actual del inmueble. FC INMOBILIARIA C.A., en su clásica postura de "yo no fui", delegó el papel de verdugo a la Defensora Pública Nancy Hernández, quien exhibió un comportamiento humillante y carente de toda ética profesional. Entre sus frases más indignantes: "Tú eres una maestra que no tiene dónde caerse muerta, por eso no tienes vivienda".
No satisfecha, sugirió de manera insidiosa que Evony Carrasco mantenía una relación sentimental con su abogado, Rafael Alcalá, quien había sido recomendado por familiares y amigos cercanos.
Un episodio lamentable de una mujer denigrando a otra, insinuando que la maestra había conseguido asistencia legal a cambio de favores sexuales. Cabe destacar, además, que Evony conoce de trato y mantiene una relación de amistad con la esposa del abogado y sus hijos, lo que hace aún más ruin y malintencionada esa insinuación.
La reunión conciliatoria, cargada de tensión y hostilidad, terminó con presiones para firmar un contrato abusivo de 300 dólares mensuales, con actualización retroactiva del canon "a precios de mercado" y una cláusula de desalojo incluida.
Se podrían llenar páginas enteras con las denuncias y testimonios que describen las actuaciones de este nefasto personaje, en la desnaturalización del papel que debería desempeñar cualquier FUNCIONARIO o DEFENSOR PÚBLICO, sustentado en principios éticos y profesionales.
Lo más lamentable es que Nancy Hernández probablemente no sea la única en esa lista de verdugos de familias humildes.
¿Qué clase de defensora humilla a quienes debería proteger? ¿Qué tipo de sistema permite que semejante persona siga ocupando un cargo público?
Hoy qué cúmulo de barbaridades se han ido aplicando en un caso coma de los que deben haber miles en el país, aún sin solución, o coma que simplemente la solución fue la utilización de algún subterfugio para sacar a los inquilinos de la vivienda: sembrarle droga decir que mataron a un juez o que actuaron en contra de un juez difamación acusación de robo de venta de droga de pedofilia de cualquier cosa que sea posible utilizar para desgraciarle la vida a ciudadanos inocentes cuyo único delito es no tener una vivienda propia.
No me gusta molestar directamente a ningún funcionario público, porque siempre ha sido una manera de ver las cosas. Pero es cierto que a veces llega la impotencia, y esta no tiene ninguna otra solución que no sea acudir a funcionarios de alto rango en el gobierno nacional. Tarek William Saab, siempre ha sido un defensor de los derechos humanos y de las causas de los pobres, y es casi de vital importancia que conozca este caso en particular y ayude a resolverlo como una demostración de que es posible construir un país sobre la base de la justicia.
Caminito de hormigas…
No hay una sola persona que sea capaz de explicar porqué el gas se sigue entregando a las comunidades hasta con 5 meses de retraso… Igual caso es con el Clap que se está entregando ya tres veces al año, cuando el propio Maduro primero insistió en que debía entregarse quincenalmente. Es decir, que de 24 bolsas que se deben entregar al año, se redujo a apenas tres. Tremendo avance.
Rafael Rodríguez Olmos
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